Uno de los pilares fundamentales de las democracias y del estado de derecho es la presunción de inocencia y, se entiende, tiene tanta importancia o más que votar para elegir a los que nos gobiernan, pues sin ésta no hay verdadera democracia ni estado de derecho.
Asociado a la presunción de inocencia va el derecho a la asistencia jurídica que debe tener toda persona que sea acusada de un delito. Esto lleva consigo que nadie puede ser acusado y condenado sin que alguien lo defienda, y para eso están los colegios de abogados que establecen los turnos de oficio a cubrir por sus colegiados.
Es necesario recordar la Declaración de Derechos Humanos de la ONU (10-12-1948), ya que estos son válidos en España ante los tribunales, que en el artículo 11,1 afirma lo siguiente: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. Por eso si alguien, persona o institución, piensa que no se le reconocieron los Derechos Humanos en cualquier sentencia condenatoria puede recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Las sentencias de este tribunal, que serán aplicables en España, pueden anular, si procede, las condenas emitidas aquí.
La Constitución Española, como no puede ser de otra manera, reconoce la validez de los tratados y acuerdos internacionales de Derechos Humanos ratificados por España en el artículo 10,2, e incorpora la presunción de inocencia en el artículo 24,2 y la asistencia letrada en los artículos 17,3 y 24,1-2.
Ambos derechos son para defender a la persona ante el Estado y los oligarcas, pero sobre todo para evitar en la medida del posible el hecho de que alguien sea condenado injustamente. A esto responde también el principio jurídico “in dubio pro reo”, es decir, que en caso de que haya alguna duda sobre la culpabilidad de una persona lo que procede es no condenarla y dejarla libre. Debemos estar convencidos que ética y moralmente es preferible que un culpable sea declarado inocente antes que un inocente sea condenado. En este contexto conviene subrayar, sobre todo para cristianos, la gran solidaridad de Jesús de Nazaret que siendo inocente cargó con nuestras culpas, o en expresión de San Pablo “se hizo pecado” por su radical amor salvífico a la humanidad (2 Corintios 5,21).
Considero necesario traer ahora a la opinión pública la presunción de inocencia y el derecho de defensa, pues en muchos ambientes se da por seguro que una persona es culpable por el hecho de ser inmigrante, del partido tal, de la Iglesia, mujer, hombre, gitano, drogadicto… en cualquier litigio. También asistimos a muchas tertulias o pseudotertulias de los medios de comunicación que le hacen a ciertas personas un traje preventivo de culpabilidad, donde no aparece por ningún lado la tutela judicial y el derecho de defensa efectivo, ni el mínimo respeto a su presunción de inocencia.
No está fuera de lugar ante esas tertulias aplicar los tres filtros que Sócrates estableció ante una información a recibir: 1) Verdad: si realmente se está seguro que lo dicho es una verdad o es algo oído. 2) Bondad: si es algo bueno lo que se va a contar. 3) Utilidad: si es útil para nosotros y los demás lo que nos van a decir. Mejor les iría a los pueblos aplicar estos criterios en vez de andar con tantos chismorreos.
La presunción de inocencia no quiere decir que todos seamos santos ni que no tengamos fallos. Es más, todos llevamos con nosotros varias imperfecciones y pecados. Por eso son sabias las palabras de Jesús ante la mujer sorprendida en adulterio y acusada ante él con el fin de apedrearla: “El que de vosotros esté sin pecado que le tire la primera piedra” (Juan 8,7), que pone de manifiesto de nuevo la solidaridad salvífica del inocente Jesús para dar la liberación.
En un país que respete los Derechos Humanos hay que demostrar las acusaciones, no la inocencia. Además los débiles y víctimas deben tener el apoyo y medios adecuados para que puedan ejercer la acusación ante un juez contra los poderosos en defensa de su dignidad y derechos.
Yo, que no soy juez, entiendo los sufrimientos y noches en vela que puede pasar el juez que quiera dictar sentencias realmente justas, hechos que me constan. Para esos jueces todo el respeto porque los van a atacar mucho e injustamente… los que tienen poder real y mediático.
Antón Negro Expósito
Sacerdote y sociólogo
