Dicen que la familia está en crisis. Dicen que la sociedad está sufriendo un cambio de valores y que tal cambio no es positivo ni constructivo.

Dicen también que este deterioro de valores hunde sus raíces en el seno de la
familia, porque es ahí donde se vive la experiencia más profunda en lo que respecta a la educación en valores,  y es ahí donde se siembran las semillas de una fe que, con el tiempo, debería dar su fruto.

Para atajar de raíz esta situación, se impone atender cuidadosamente a la
familia como fuente y cultivo de los valores humanos y cristianos más preciados. De hecho, cualquier análisis sensato de la realidad nos indica que el hogar familiar es la referencia más adecuada para vivir y crecer como personas y creyentes.

Si falla la familia, fallan también las personas, los valores y la fe.
En la familia está la raíz, para erradicar el mal y potenciar el bien.

Por todo ello, velar por la familia debe ser preocupación prioritaria de los padres, de los educadores, de los gobernantes, de la iglesia y de toda la sociedad en general.

Porque las familias en parte nacen y en parte se hacen. La materia prima la 
aportan los esposos con sus relaciones conyugales, pero esta materia prima necesita ser enriquecida con los valores humanos y las virtudes cristianas necesarias cristianos para una convivencia fraterna y responsable.

Y para que este enriquecimiento se lleve a cabo, se requiere que los padres hagan valer el derecho que tienen a que sus hijos reciban la formación religiosa
y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Afortunadamente
este derecho está reconocido por la Constitución Española. En consecuencia el
Estado está obligado a garantizar que tal derecho se cumpla en todos sus términos. Las leyes básicas que regulan estos derechos han sido refrendadas
en los Acuerdos de carácter internacional, firmados entre el Estado Español y la Santa Sede para la religión católica.

Semejantes convenios han sido firmados también entre el Estado y los responsables de otras confesiones. Consiguientemente, respetar los convenios y los acuerdos es una obligación moral de la Iglesia y del Estado pero también de todos los ciudadanos ya que estamos obligados por ley a cumplir con nuestros deberes para el bien de la sociedad y el ejercicio necesario de la justicia.

En tiempos convulsos para la familia y la sociedad, es bueno rebajar las tensiones, evitar los insultos y desprecios de quienes no piensan como nosotros, generar paz y fraternidad en los hogares, ayudar a nuestros niños a creer en Dios y a practicar el mandamiento del amor fraterno y, sobre todo, desde el punto de vista de la enseñanza, reconstruir vínculos en un pacto educativo global más allá de las ideologías y caprichos de nuestros políticos. El desafío que nos corresponde hoy es cómo responder a una sociedad plural que no puede ni debe excluir lo religioso en un contexto de libertades fundamentales.

Indalecio Gómez Varela

Canónigo de la Catedral de Lugo